En el marco de una entrevista legislativa concedida este lunes en General Pinedo, la diputada provincial de Chaco Cambia, Susana Maggio, repasó los ejes centrales de la labor parlamentaria en la provincia. La legisladora brindó detalles sobre la reciente sanción de la Ley de Reiterancia delictiva, el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la presentación de un proyecto de ley para sancionar intervenciones no autorizadas en canales hídricos.
Respecto a la modificación del Código Procesal Penal mediante la inclusión del artículo 289 bis, Maggio explicó que la iniciativa busca terminar con la denominada «puerta giratoria» al establecer la obligatoriedad de la prisión preventiva ante una segunda imputación por el mismo delito. La parlamentaria remarcó que la herramienta contempla tanto ilícitos de mayor gravedad como contravenciones y hurtos comunes que afectan de forma cotidiana a la ciudadanía.
«Antes se hablaba de que se ‘puede’ quedar privado de la libertad; ahora se ‘debe’ aplicar la medida ante la segunda imputación por el mismo hecho. Queremos poner los barrotes delante de quien delinque constantemente y no en las casas de los vecinos que trabajan», afirmó la legisladora.
Sesión extraordinaria por las PASO y proyecto contravencional hídrico
En relación con la agenda institucional, la diputada confirmó que se solicitó una sesión extraordinaria para el miércoles a las 9:00 con el objetivo de tratar la suspensión de las elecciones PASO. Entre los fundamentos, Maggio destacó la necesidad de reorientar un costo fiscal estimado en más de 3.000 millones de pesos hacia áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, además de atender al descontento ciudadano por la recurrencia de convocatorias electorales.
Finalmente, la representante del sudoeste chaqueño presentó una iniciativa legislativa elaborada por su equipo técnico para agilizar los procedimientos administrativos y judiciales ante el desvío o la obstrucción no autorizada de canales hídricos. La propuesta contempla un plazo de 24 a 48 horas para que los infractores restituyan el terreno a su estado original o, en su defecto, la intervención directa de la Administración Provincial del Agua (APA). Asimismo, el proyecto prevé la creación de un registro de contraventores e inhabilitaciones para acceder a subsidios, exenciones fiscales o programas estatales hasta tanto se regularice la situación.
