En una audiencia clave realizada este martes, el fiscal de Investigación N° 3, Marcelo Soto, formalizó la imputación contra el exsecretario de Gobierno de Presidencia Roque Sáenz Peña (actualmente de licencia), Diego Landriscina. La causa investiga la compra irregular de cheques con fondos públicos municipales por una suma superior a los 1.700 millones de pesos, realizados a través del mercado de valores sin garantías de cobro.
Según la acusación fiscal, Landriscina habría utilizado sus facultades para operar con activos de la cuenta comitente del municipio en la Bolsa de Comercio del Chaco, realizando transacciones de alto riesgo que pusieron en peligro el erario público local entre marzo de 2025 y enero de 2026.
Las claves de la imputación
El fiscal Soto detalló una serie de irregularidades técnicas y administrativas que fundamentan los cargos contra el funcionario:
- Compra de cheques sin aval: Se adquirieron instrumentos de pago diferido en el «segmento no garantizado» por un total de $999.055.000 (librados por Rubén Roberto Medula) y $756.200.000 (librados por Estancia Real SRL).
- Cambio de perfil de inversor: El imputado modificó unilateralmente el perfil del municipio de «conservador» a «moderado» para habilitar estas operaciones, sin contar con la autorización ni ordenanza del Concejo Deliberante.
- Conflicto de intereses: La fiscalía sostiene que Landriscina percibía beneficios económicos personales —comisiones— por su intervención como manager de la cuenta, las cuales eran transferidas directamente a sus cuentas personales.
- Maniobra remota: Las operaciones fueron articuladas vía Home Broker mediante el usuario y contraseña del funcionario.
Calificación legal
La fiscalía atribuyó a Diego Landriscina la presunta comisión de los siguientes delitos en concurso ideal y a título de autor:
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
- Malversación de caudales públicos.
El fiscal remarcó que estas acciones se realizaron de manera «sostenida y consistente», evadiendo los controles legislativos pertinentes y priorizando beneficios personales por sobre la seguridad financiera de la Municipalidad de Sáenz Peña. La causa continúa su curso para determinar el alcance total del daño patrimonial y las posibles responsabilidades adicionales.
