El Consejo de Abogados del Chaco celebró el reciente dictamen del fiscal Jorge Gustavo Dahlgren, quien ratificó la constitucionalidad de la Ley Provincial 4228-C. Esta normativa regula los honorarios profesionales de los abogados y su validez ha sido objeto de debate en diversos procesos judiciales de la provincia.
El pronunciamiento judicial surge en una causa tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 15 de Resistencia. Para los profesionales del derecho, este dictamen representa un precedente fundamental para consolidar el régimen arancelario actual y garantizar la protección de sus ingresos laborales.
Argumentos del dictamen fiscal
El fiscal Dahlgren basó su postura en la aplicación inmediata de la ley para procesos en curso que aún no poseen regulaciones firmes. Los puntos destacados del dictamen son:
- No retroactividad: Se sostiene que aplicar la ley a causas en trámite no implica retroactividad, sino la vigencia de la norma sobre situaciones jurídicas pendientes.
- Orden público: Los mínimos arancelarios establecidos en UMA (Unidad de Medida Arancelaria) son considerados de orden público.
- Carácter alimentario: Se resalta la necesidad de proteger los honorarios, entendiendo que tienen la misma naturaleza que un salario para el profesional.
- Excepcionalidad: El dictamen recuerda que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un recurso extremo y que en este caso no existen fundamentos para aplicarlo.
Consolidación normativa
Desde el Consejo de Abogados valoraron este paso como un avance crucial en la defensa del ejercicio profesional. Aseguraron que el dictamen reafirma la vigencia plena de la ley 4228-C, brindando seguridad jurídica tanto a los letrados como a los justiciables en el cálculo de las costas procesales.
De esta manera, la justicia chaqueña suma un nuevo respaldo a la protección de los mínimos arancelarios, un reclamo histórico del sector que busca evitar la precarización de los honorarios en un contexto de inestabilidad económica.
