Este martes se concretó un paso clave en la investigación judicial que conmociona al sistema sanitario chaqueño. El fiscal Marcelo Soto confirmó a Diario Chaco la formalización de la imputación contra Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en diversos hospitales públicos y cuya actividad está vinculada directamente al fallecimiento de un paciente en diciembre de 2025.
La acusada compareció ante la Fiscalía, donde fue notificada de los cargos que pesan en su contra. Según detalló el fiscal, la investigación no solo se centra en la falsificación de credenciales, sino en la responsabilidad penal por la muerte de una persona asistida bajo su presunto cuidado médico.
Cargos e investigación por fallecimiento
La situación procesal de Ojeda se agravó tras la notificación de los delitos que se le atribuyen bajo la figura de autoría:
- Homicidio con dolo eventual: Respecto a un hecho fatal ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en el Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli.
- Usurpación de títulos: Por arrogarse una profesión para la cual no posee formación ni habilitación académica.
- Ejercicio ilegal de la medicina: Por realizar actos propios de la profesión médica sin la debida matrícula ni título habilitante.
Rastreo de actividades desde 2023
La fiscalía busca reconstruir la línea de tiempo de la actividad de Ojeda en el interior provincial. Soto adelantó que se espera la declaración de Marta Quintana, de la Fundación «Soy Yo», quien habría tomado contacto con la mujer en el año 2023, cuando esta supuestamente ya ejercía funciones médicas en el hospital de Tres Isletas.
Asimismo, se investigan posibles casos similares en Pampa del Indio y Villa Río Bermejito, donde abogados particulares ya han manifestado la intención de presentarse como querellantes ante nuevas denuncias que podrían surgir en los próximos días.
Contrataciones irregulares en hospitales
Uno de los puntos más polémicos de la causa radica en cómo la mujer logró ingresar al sistema público. El fiscal Soto fue tajante al respecto: «En el Ministerio de Salud no existe ninguna constancia respecto de ella. Nosotros pedimos informes y no estaría registrada».
Según la hipótesis judicial, las contrataciones no pasaron por los filtros administrativos centrales de la provincia, sino que habrían sido realizadas directamente por las autoridades de cada hospital involucrado, eludiendo las validaciones de credenciales profesionales que corresponden por ley.
