El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dispuso la reprogramación del juicio oral contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos públicos a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. Aunque el inicio del proceso estaba fijado originalmente para el 1 de septiembre, las audiencias se trasladaron para mediados del próximo año.
Según la nueva resolución judicial, el debate oral comenzará formalmente el 24 de junio de 2027 y continuará las jornadas del 25 y 28 de junio, así como el 2 y 6 de julio. El cambio de fecha responde a un pedido del defensor público oficial, Juan Manuel Costilla, motivado por el otorgamiento de una licencia compensatoria programada entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.
El matrimonio Sena-Acuña —que cumple condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski— deberá asistir a las audiencias de manera presencial. La reapertura del cronograma se da luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara los procesamientos tras desestimar los recursos presentados por la defensa.
La causa penal analiza el circuito de fondos estatales girados a la Fundación Saúl Acuña, los cuales superaron los 186 millones de pesos en 2023 a través de transferencias del Ministerio de Infraestructura y del IAFEP. Según la acusación, Sena retiró en efectivo más de 140 millones de pesos en el primer semestre de ese año, maniobra que habría buscado cortar la trazabilidad del dinero.
Viviendas no construidas e irregularidades contables
El expediente judicial contempla entre sus puntos principales el presunto fraude en obras de infraestructura social. La investigación determinó que la fundación percibió financiamiento público para la construcción de 40 viviendas sociales que no fueron ejecutadas, registrándose un desvío estimado en más de 62 millones de pesos.
Asimismo, los peritajes contables incorporados a la causa revelaron inconsistencias en las declaraciones financieras de la entidad, incluyendo aumentos del 454% en rubros de mano de obra y materiales, y subas del 477% en gastos de personal de salud, en ambos casos sin documentación respaldatoria ni registro formal de empleados.
