La Fiscalía Especial de Género confirmó que se encuentra en curso una investigación penal que involucra a un agente perteneciente al Poder Judicial. El caso, que ha generado una fuerte repercusión institucional, motivó la activación inmediata de los protocolos de protección para la persona denunciante.
A través de un comunicado oficial, el organismo judicial informó que, una vez recibida la denuncia, se dispusieron de manera prioritaria las medidas de seguridad previstas por la ley para resguardar la integridad de la víctima y asegurar el normal desarrollo de la recolección de pruebas.
Medidas judiciales y notificación
En el marco del proceso, se realizaron actuaciones administrativas y penales destinadas a determinar la responsabilidad del empleado involucrado. Los puntos principales del informe oficial son:
- Notificación formal: Este domingo 11 de mayo, se notificó legalmente al denunciado sobre las restricciones y medidas de protección impuestas por la Justicia.
- Acompañamiento a la víctima: La fiscal interviniente mantiene contacto permanente con la denunciante para garantizar su resguardo físico y psicológico.
- Perspectiva de género: La Fiscalía ratificó su compromiso de actuar con imparcialidad, garantizando una investigación libre de sesgos institucionales pese a que el acusado pertenece al mismo organismo.
Resguardo de la intimidad
Desde la Fiscalía señalaron que, debido a la naturaleza del delito y para proteger el proceso judicial, no se brindarán detalles sobre la identidad de los involucrados ni la sede donde desempeña sus funciones el empleado judicial denunciado. «El objetivo es proteger la intimidad de las personas y el correcto avance de las actuaciones», explicaron.
La investigación continúa en etapa de instrucción, recolectando testimonios y elementos probatorios para establecer si existieron agresiones físicas, psicológicas o de otra índole en el marco de la normativa vigente de protección integral a las mujeres.
