La comunidad de Puerto Vilelas y Resistencia se movilizó este lunes para exigir justicia por el brutal femicidio de Graciela López. La marcha, cargada de dolor e indignación, partió desde el domicilio de la madre de la víctima en la calle Franklin al 2036 y culminó frente a la sede de la Fiscalía, donde los manifestantes reclamaron la pena de prisión perpetua para el único acusado, Luciano Alberto Etudie.
Con pancartas que rezaban «Basta de Femicidios» y fotografías de la joven, la columna humana acompañó a Olga, madre de Graciela, quien brindó un testimonio desgarrador sobre el calvario que vivía su hija en silencio.
Un historial de violencia y un mensaje desesperado
Olga describió a Graciela como una «excelente hija y madre dedicada», pero reveló que la relación con Etudie estaba marcada por el maltrato físico y el aislamiento. Según su relato, el agresor ejercía violencia incluso cuando la joven estaba embarazada, manteniéndola bajo una constante presión psicológica.
La reconstrucción de los momentos previos al crimen arroja datos estremecedores sobre el accionar del acusado:
- El pedido de auxilio: El día del hecho, Graciela logró enviar un mensaje desesperado a su madre pidiendo que llamara a la policía y compartiendo su ubicación en tiempo real.
- Secuestro: Olga denunció que Etudie se llevó a su hija de la vivienda familiar «a punta de pistola» antes de cometer el asesinato.
- Perfil del agresor: Fue descrito como una persona prepotente que utilizaba el miedo para evitar que la víctima radicara denuncias formales.
El silencio por miedo
La hermana de la víctima también tomó la palabra durante la movilización, destacando que Graciela ocultaba los abusos para proteger a sus hijos y evitar que el agresor perdiera su empleo. «Siempre se tragó todo sola. Estudiaba, trabajaba y cuidaba a nuestros padres; estaba para todos», recordó entre lágrimas.
Pedido de reformas en el sistema
Además de la exigencia de una condena máxima, la familia de Graciela planteó una crítica al sistema de contención actual. Olga solicitó que la asistencia psicológica vinculada a casos de violencia de género y fuerzas de seguridad sea externa a la institución policial para garantizar mayor transparencia y protección a las víctimas.
La causa continúa su curso en la justicia provincial, mientras la comunidad de Puerto Vilelas permanece en alerta, acompañando a una familia que hoy solo pide que el nombre de Graciela López no sea un número más en las estadísticas de femicidio.
