La Procuración General del Chaco adoptó una determinación de fuerte impacto político e institucional ante la sensibilidad de una causa que investiga presuntas irregularidades financieras. Mediante una resolución oficial, se dispuso la designación de la fiscal de Cámara Segunda en lo Criminal, Verónica Andrea Bastos, para que intervenga de manera conjunta con el fiscal de investigaciones Marcelo Fabián Soto en los expedientes que indagan los movimientos de fondos entre el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco.
La medida se formalizó a través de la Resolución N° 45, rubricada el pasado 19 de mayo de 2026 por el procurador general subrogante, Hugo Miguel Fonteina. Fuentes calificadas del ámbito judicial revelaron que el detonante de esta coadyuvanza radicó en la detección de «algunas señales procesales extrañas y declaraciones públicas llamativas vinculadas a la investigación», lo que encendió las alarmas en la cúpula del Ministerio Público.
Los argumentos del Ministerio Público Fiscal
Desde la Procuración General justificaron que la incorporación de la fiscal Bastos al equipo de trabajo busca blindar la transparencia y eficacia del proceso penal. Los fundamentos centrales expuestos en el documento técnico son:
- Impacto comunitario: La intervención conjunta responde directamente a la enorme «trascendencia social e institucional de los hechos investigados» en la segunda ciudad de la provincia.
- Magnitud del perjuicio: Las autoridades ponderaron la extrema gravedad intrínseca del caso, sumado al cuantioso volumen de los bienes patrimoniales públicos que se encuentran comprometidos en las operaciones bajo análisis.
- Firma obligatoria: A partir de la vigencia de la resolución, tanto la fiscal de Cámara como el fiscal de grado estarán obligados a suscribir de manera coordinada y en conjunto todas y cada una de las disposiciones procesales que se adopten en el expediente hasta que el mismo llegue a su finalización.
Radiografía de la causa y los convenios bajo la lupa
El marco normativo emitido por la Procuración precisa que la intervención conjunta se aplicará sobre dos expedientes que se tramitan formalmente ante el Equipo Fiscal N° 3 de Sáenz Peña:
- La causa caratulada «Pons Santiago Agustín, Arrudi Leonardo Daniel, Tévez Fernando Martín y otro s/denuncia» (Expediente N° 835/2026-2).
- La causa caratulada «García Julio César s/denuncia» (Expediente N° 1179/2026-2).
Un dato clave que incorpora el texto oficial de la resolución es la existencia y presentación de un convenio transaccional en el marco de las actuaciones judiciales. Dicho acuerdo de partes aparece refrendado por el presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco, Esteban Josué Fosatti, y por el propio intendente de la termal, Bruno Cipolini, documento que ahora será minuciosamente peritado por el nuevo binomio de fiscales.
Finalmente, la resolución del procurador Fonteina ordenó notificar de inmediato la medida a la Dirección de Tecnología de la Información del Ministerio Público Fiscal. Esta directiva técnica tiene como fin habilitar de manera urgente el sistema informático para permitir la firma digital conjunta de ambos funcionarios en cada uno de los actos procesales venideros.
