Una profunda investigación judicial ha desarticulado un esquema de recaudación ilegal que operaba durante la gestión de Alberto Fernández. A través del análisis de dispositivos móviles, la fiscalía detectó una red de intermediarios que exigía retornos de entre el 10% y el 15% para garantizar la aprobación de los permisos de importación (SIRA) y el acceso preferencial al dólar oficial en un contexto de restricciones cambiarias extremas.
EL ROL DE LOS INTERMEDIARIOS
La causa tiene como eje central a Martin Migueles, cuya terminal telefónica permitió reconstruir la operatoria. Migueles, vinculado al entorno empresarial de Elías Piccirillo, funcionaba como el nexo crítico entre el sector privado y las oficinas públicas. El fiscal federal Franco Picardi sostiene que esta estructura permitía reducir los tiempos de espera de 180 días a menos de dos semanas mediante el pago de sobornos.
«BILLETES CARA GRANDE»: EL MECANISMO DE PAGO
Los diálogos incorporados al expediente son elocuentes. En marzo de 2023, Migueles ofrecía «acelerar» gestiones con la promesa de resultados en siete días: «Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale con toda la furia». La condición era el pago inmediato tras la autorización, exigiendo específicamente dólares bajo la denominación de «cara grande», asegurando que la orden «venía de arriba» para evitar rebotes administrativos.
CONEXIONES CON EL PODER Y REPARTO DE DIVISAS
La investigación salpica a Ariel Germán Saponara, quien se desempeña actualmente en la Casa Rosada y es mencionado en los audios consultando por «cometas» para liberar declaraciones. Asimismo, aparece en escena Héctor Ezequiel Caputto, alias «El Pipo», encargado de confirmar firmas de expedientes de maquinaria y coordinar el reparto de las utilidades ilegales entre los diversos eslabones de la cadena de intermediación.
DETALLES DE LA OPERATORIA INVESTIGADA
- Comisiones exigidas: Rango variable entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- Tiempos de «aceleración»: Reducción de plazos de 180 días a una semana o 10 días.
- Monto bajo la lupa: Una operación específica de 54.600 dólares con lugar de entrega de dinero identificado.
- Otras líneas de investigación: Maniobras con dólar oficial y su posterior liquidación en el mercado paralelo a través de casas de cambio.
El fiscal Picardi se enfoca ahora en identificar a los funcionarios de la Secretaría de Comercio que estamparon las firmas finales en estas operaciones, mientras rastrea las identidades detrás de seudónimos como «Pato» y «la señora», piezas aún no identificadas en el organigrama delictivo.
