La causa judicial que investiga a la denominada «falsa médica» sumó un nuevo y conflictivo capítulo en los tribunales chaqueños. La defensa técnica de la imputada interpuso un recurso de hábeas corpus con el propósito urgente de frenar un inminente traslado de dependencia desde Presidencia Roque Sáenz Peña hacia la capital provincial, una medida que habría sido impulsada originalmente por la División de Violencia Familiar y de Género de la ciudad termal.
La acusada, Lidia Mabel Ojeda, afronta cargos de extrema gravedad institucional y penal, estando imputada por los delitos de usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual. En este complejo escenario, su abogado defensor, Felipe Fontanetto, confirmó la presentación del recurso judicial y manifestó su desconcierto ante la orden de traslado.
Argumentos de la defensa contra la medida
El letrado de la imputada cuestionó con dureza los motivos que habrían originado la orden de reubicación, calificando la decisión oficial como un acto carente de sustento real:
- Convivencia pacífica: El abogado aseguró que Ojeda mantenía una estadía y convivencia completamente «normal» y pacífica dentro de su actual lugar de alojamiento. «El día anterior al pedido fuimos a verla y ella nos manifestó que estaba perfectamente. No había inconvenientes con el resto de las internas», detalló.
- Falta de fundamentos: Según la hipótesis de la defensa, el requerimiento de traslado se habría originado de manera preventiva exclusivamente por tratarse de un caso de alta repercusión mediática, ante el temor abstracto de las autoridades a posibles escraches o incidentes con familiares de las supuestas víctimas de mala praxis. Para el profesional, este argumento «carece de fundamentos suficientes».
- Perjuicio al derecho de defensa: Fontanetto advirtió además que desarraigar a la detenida de la ciudad termal complicará de forma directa el trabajo diario de los abogados defensores para tomar contacto con ella y representará un severo castigo económico para el entorno familiar de Ojeda, obligado a costear traslados permanentes a Resistencia.
Hacia el cierre de sus declaraciones, el defensor técnico remarcó la importancia de que no se alteren de forma negativa el régimen ni las condiciones actuales de detención de su asistida. En tanto, confirmó que el hábeas corpus fue formalmente ingresado al sistema penal y se encuentra a la espera de una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales competentes.
