La investigación judicial en torno al escandaloso intento de robo de estupefacientes durante una quema oficial en Colonia Benítez sumó definiciones determinantes. La Justicia dictó el sobreseimiento definitivo del oficial Lucas Exequiel Martínez, uno de los efectivos policiales que inicialmente había quedado bajo sospecha tras el grave episodio registrado el pasado jueves 14 de mayo.
A partir de esta resolución judicial que limpia su nombre, comenzaron a conocerse precisiones sobre su actualidad administrativa dentro de la fuerza pública. El encargado del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, ratificó el cambio de escenario legal del uniformado, confirmando que Martínez se encuentra oficialmente desvinculado de la causa penal tras habérsele tomado una declaración testimonial clave que estaba prevista para el pasado viernes y se realizó con éxito.
Situación laboral y licencias pendientes
En lo que respecta estrictamente al plano administrativo y al estatus de su función pública, el titular del organismo de control institucional brindó detalles de la situación del oficial:
- Reincorporación formal: Martínez fue reincorporado formalmente al servicio activo de la Policía del Chaco luego de comprobarse su ajenidad con la maniobra delictiva bajo análisis.
- Licencia obligatoria: De manera inmediata a su reingreso, el agente comenzó a hacer uso de su licencia ordinaria anual debido a que contaba con vacaciones atrasadas en su legajo personal.
- Destino incierto: Su futuro destino de revista operativa dentro de la fuerza laboral permanece bajo estricto análisis, debido a que la asignación de su nuevo puesto de trabajo es una atribución que depende exclusivamente de las disposiciones que adopte la cúpula de la Jefatura de Policía.
Revés para el resto de los implicados: preventivas confirmadas y agravamiento
En la otra vereda del expediente de la causa, el escenario judicial se tornó significativamente más complejo para el resto de los policías e implicados detenidos en los operativos iniciales de Colonia Benítez.
Los magistrados intervinientes resolvieron de forma unánime prorrogar y mantener la medida de prisión preventiva efectiva hasta el próximo 7 de julio para la totalidad de los sospechosos. Con este dictamen, los tribunales desestimaron los recursos presentados por los abogados defensores de Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Gustavo Andrés Quizama y Gastón Exequiel Villalba, quienes habían solicitado formalmente el beneficio de la prisión domiciliaria.
Asimismo, la fiscalía endureció los cargos contra César Alegre. El imputado recibió un fuerte agravamiento en su acusación formal, quedando posicionado en la estructura delictiva como el presunto organizador de la maniobra de sustracción de la droga secuestrada, lo que eleva considerablemente la expectativa de la pena en un futuro juicio oral.
