La provincia del Chaco se posiciona como una de las jurisdicciones más beneficiadas por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el inicio de la actual gestión nacional. Según datos del informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la provincia acumuló un total de $ 22.000 millones hasta abril de 2026, situándose en el grupo de provincias con mayor recepción de recursos discrecionales.
El relevamiento oficial indica que el Gobierno nacional ha distribuido un total de $ 348.267 millones bajo este concepto desde diciembre de 2023. En este esquema de transferencias, Chaco comparte el mismo nivel de ingresos que Neuquén, mientras que el ranking es liderado por Misiones y Tucumán, con $ 41.500 millones cada una.
Distribución estratégica y desequilibrio financiero
Durante el mes de marzo de 2026, la Casa Rosada dispuso un refuerzo específico de $ 4.000 millones para el Chaco bajo la figura de «desequilibrio financiero». Esta partida formó parte de un desembolso global de $ 43.000 millones repartido entre diversas provincias durante dicho período.
El informe de Jefatura de Gabinete sugiere que este flujo de fondos guarda relación con el escenario político actual:
- Negociaciones legislativas: El reparto ha coincidido con los debates de reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional en el Congreso.
- Proyección 2027: El documento señala que Chaco se encuentra entre las provincias con potencial para integrar futuros acuerdos políticos con el oficialismo nacional.
El reclamo por la automaticidad ante la Corte Suprema
La discrecionalidad en la entrega de estos fondos, que representan el 1% de la masa coparticipable, ha generado un conflicto institucional que llegó al máximo tribunal del país. La provincia de La Pampa presentó una demanda contra el Estado nacional exigiendo que los ATN dejen de ser asignados por decisión del Poder Ejecutivo y pasen a distribuirse de forma automática.
La Corte Suprema de Justicia, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya ha aceptado intervenir en el caso, cuya resolución podría cambiar drásticamente el modo en que las provincias reciben estos recursos extraordinarios en el futuro.
