La seguidilla de amenazas contra instituciones educativas en la provincia del Chaco continúa generando una profunda preocupación social y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad. Según el último informe oficial al 24 de abril, ya se contabilizan 153 escuelas intimidadas, de las cuales 81 pertenecen al área metropolitana y 72 al interior provincial.
En las últimas horas, una serie de operativos simultáneos en Barranqueras, General Pinedo, Fontana y Villa Ángela derivó en la demora de varios adolescentes, el secuestro de dispositivos electrónicos y el hallazgo de un arsenal que incluye una granada activa.
VILLA ÁNGELA: ARSENAL Y UNA GRANADA ACTIVA
El procedimiento más impactante tuvo lugar en Villa Ángela, donde personal de Investigaciones Complejas allanó una vivienda tras la viralización de fotos de dos jóvenes con armas. En el domicilio se incautó un verdadero arsenal: pistolas calibre .45, revólveres .22, escopetas, rifles y carabinas.
Sin embargo, lo que más alarmó a las autoridades fue el hallazgo de una granada de mano FMK2 activa, que debió ser asegurada por especialistas de Bomberos. Un hombre de 35 años fue detenido en el lugar.
PINEDO Y BARRANQUERAS: AMENAZAS POR REDES
En General Pinedo, dos adolescentes de 17 años fueron demorados tras anunciar un «tiroteo» en la E.E.S. N° 8 para las 07:30 de la mañana vía WhatsApp. En Barranqueras, la División Ciberdelitos rastreó un perfil de Instagram que amenazaba a la E.E.S. N° 152, logrando la demora de otro menor y el secuestro de su teléfono.
Por su parte, en Fontana, un operativo vinculado a amenazas contra la E.E.S. N° 28 de Resistencia permitió el secuestro de una notebook y elementos compatibles con la fabricación de armas caseras tipo «tumberas».
PROTOCOLOS DE EMERGENCIA
Ante la expansión del fenómeno, el Ministerio de Seguridad y la Policía han endurecido los protocolos. En varios establecimientos se ha implementado la presencia permanente de patrulleros, restricciones en el uso de celulares e incluso la asistencia de alumnos sin mochilas para facilitar el control de ingreso.
Desde el área de Cibercrimen advierten que cada publicación es rastreada hasta dar con el titular de la línea o la dirección IP, y recordaron que los padres de los menores involucrados enfrentan causas judiciales por intimidación pública, un delito con penas severas en el Código Penal.
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