La quinta audiencia del juicio oral contra el dirigente social Ramón Alberto «Tito» López y su familia marcó el final de la recepción de pruebas. Pese a las demoras por fallas técnicas y la incomparecencia de algunos testigos, el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Osvaldo Facciano dio por concluida la fase de testimoniales, abriendo camino a la sentencia.
Uno de los momentos más tensos de la jornada fue la declaración de Juan Carlos Kesqui, un comisionista de hacienda que negó rotundamente conocer a los López. «Nunca en mi vida he hablado o he visto a ese hombre personalmente», afirmó. Sin embargo, denunció un hecho de gravedad institucional: la utilización indebida de su CUIL y clave fiscal para la emisión de facturas y cobro de cheques sin su consentimiento.
EL PATRIMONIO BAJO LA LUPA
Por la defensa declaró el contador Hugo Antonio Cleva, quien trabajó con la familia desde 2014. El profesional reveló que para el año 2024, el patrimonio declarado del grupo familiar ascendía a unos 220 millones de pesos, cifra que incluía múltiples inmuebles en Resistencia y vastas extensiones de campo en el interior.
Cleva admitió haber detectado inconsistencias en los valores declarados a lo largo de los años, motivo por el cual recomendó oportunamente realizar rectificaciones y adherir a regímenes de blanqueo para evitar sanciones tributarias. No obstante, aclaró ante el tribunal que desconocía el origen real de los bienes hasta que estalló la causa judicial.
CRONOGRAMA HACIA LA SENTENCIA
Ante la decisión de los imputados de no declarar en esta instancia, el tribunal fijó las fechas definitivas para el cierre del debate:
- Jueves 23 de abril (9:00 hs): Inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal.
- 6 de mayo: Finalización de las exposiciones de las partes.
- 7 de mayo: Instancia de «últimas palabras» de los imputados y lectura del veredicto.
Este viernes no habrá actividad judicial, permitiendo que tanto la fiscalía como la defensa preparen sus argumentos finales en una de las causas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito más resonantes de los últimos años en la provincia.
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