El caso de Fernanda Almada, la adolescente que se quitó la vida tras sufrir bullying en Resistencia, conmocionó a la comunidad educativa chaqueña. En este marco, se presentaron en la Legislatura provincial dos proyectos de ley que apuntan a modificar y reforzar el abordaje del acoso escolar mediante la responsabilidad de los padres y protocolos obligatorios.
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL Y MULTAS
La iniciativa de la diputada Maida Gabriela With propone crear un «Régimen Provincial de Corresponsabilidad Parental». El proyecto busca involucrar activamente a las familias cuando se registren situaciones reiteradas de acoso físico, verbal o digital. Establece un «deber de colaboración» que obliga a los progenitores a asistir a las convocatorias escolares y participar de las instancias de orientación.
El régimen contempla una escala de intervención progresiva que incluye advertencias formales, asistencia obligatoria a talleres, trabajos comunitarios y, como última instancia, la aplicación de multas económicas. Estas sanciones serían proporcionales a la situación socioeconómica de cada familia y los fondos se destinarían a programas de prevención. Según la autora, la medida no busca criminalizar, sino fortalecer un sistema que hoy presenta limitaciones ante casos persistentes.
RÉGIMEN INTEGRAL Y SANCIONES A ESCUELAS
Por su parte, la diputada Elda Insurralde presentó un proyecto para crear un régimen integral obligatorio de prevención y detección en todas las escuelas. Esta propuesta exige a las instituciones contar con protocolos estrictos, actuar en plazos breves ante denuncias y garantizar medidas inmediatas de protección para las víctimas.
La iniciativa de Insurralde prevé además la creación de un registro provincial de casos de bullying y establece sanciones específicas para los establecimientos educativos —tanto públicos como privados— que incumplan con la normativa o no tomen medidas efectivas ante el hostigamiento.
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