El gobierno de Rusia, encabezado por Vladímir Putin, introdujo cambios en los controles de salud reproductiva que generaron polémica. A partir de una actualización del Ministerio de Sanidad, las mujeres que manifiesten no querer tener hijos serán derivadas a una consulta psicológica, una medida que no se aplica en el caso de los hombres.
La modificación forma parte de un nuevo protocolo para las pruebas de detección de salud reproductiva, un procedimiento voluntario que puede realizarse una vez al año. En ese marco, se incorporó un cuestionario que, en el caso de las mujeres, incluye 61 preguntas, tres de ellas vinculadas a la maternidad. La última consulta es directa: «¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?». Si la respuesta es «ninguno», el protocolo establece que «se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico».
Desde las autoridades sanitarias señalaron que el objetivo de esta medida es desalentar el aborto y promover una «actitud positiva» hacia la maternidad. Sin embargo, el tratamiento no es el mismo para los hombres: el formulario masculino tiene solo 26 preguntas y, ante una respuesta negativa, no contempla ninguna derivación psicológica. Además, la pregunta está formulada de manera distinta, ya que consulta cuántos hijos desearían tener «dadas sus circunstancias actuales».
El jefe del Comité de Salud de la Duma Estatal, Serguéi Leónov, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de una medida de acompañamiento. «Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos», afirmó, al tiempo que mencionó posibles dificultades personales o de pareja.
La medida se enmarca en una política más amplia impulsada por el Estado ruso para incrementar la natalidad, en un contexto de caída sostenida en la cantidad de nacimientos. En los últimos años, el país avanzó con restricciones y presiones sobre clínicas para limitar el acceso al aborto y, en 2024, aprobó una ley que prohíbe la difusión de la ideología «childfree», que promueve la decisión de no tener hijos.
En ese escenario, la nueva disposición reavivó el debate sobre el rol del Estado en las decisiones reproductivas y las diferencias de tratamiento entre hombres y mujeres dentro del sistema de salud.
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