En el marco de la causa que investiga el accionar de siete efectivos policiales, el abogado defensor Ricardo Osuna expresó su tajante disconformidad ante la reciente decisión judicial de ampliar el plazo de la investigación penal preparatoria a 150 días. Para el letrado, esta extensión temporal resulta desproporcionada y constituye una afectación directa a los derechos de sus asistidos, quienes permanecen bajo prisión preventiva.
Críticas a la prórroga de la prisión preventiva
Tras la confirmación de la medida cautelar para los agentes involucrados, la justicia determinó que el proceso requiere de un tiempo adicional considerable para la producción de pruebas y peritajes. Ante esto, Osuna calificó la medida como «una barbaridad», argumentando que el Estado debe garantizar procesos ágiles y que las dilaciones en los plazos no pueden recaer sobre la libertad de los imputados sin fundamentos de extrema urgencia que lo justifiquen.
«La defensa continuará produciendo pruebas y aguardará los resultados de las pericias pendientes, pero no descartamos nuevos planteos para solicitar el cese o la revisión de la prisión preventiva», anticipó el abogado. Según su visión, el equipo fiscal ya debería contar con los elementos suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio sin necesidad de extender el confinamiento preventivo de los policías por casi cinco meses adicionales.
Contexto y estrategia de la defensa
El caso, que mantiene una alta sensibilidad en la opinión pública local, se encuentra en una etapa de recolección de testimonios y análisis de dispositivos electrónicos. Osuna insistió en que sus defendidos se encuentran a derecho y que la prolongación del plazo parece responder más a una presión externa que a necesidades fácticas del expediente.
Mientras la causa avanza, la defensa técnica planea impugnar los fundamentos de la prórroga ante las instancias superiores. El Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, sostiene que la complejidad del hecho y la cantidad de involucrados requieren este tiempo para asegurar una investigación rigurosa que no deje cabos sueltos y garantice el cumplimiento de la ley para todas las partes afectadas.
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