Argentina ha alcanzado una cifra sin precedentes en su sistema penitenciario. Según los últimos datos oficiales, la población carcelaria superó los 121.000 detenidos, marcando un récord histórico que pone en jaque la infraestructura de seguridad en todo el país. La situación ha derivado en un colapso que afecta tanto a unidades federales como provinciales.
El incremento sostenido de la población carcelaria ha generado niveles críticos de hacinamiento. En muchas jurisdicciones, la cantidad de internos duplica la capacidad operativa de los establecimientos. Esto ha provocado que miles de personas permanezcan alojadas en comisarías y alcaidías, lugares que no están diseñados para el encierro prolongado.
Especialistas en seguridad y derechos humanos advierten que esta saturación dificulta las tareas de resocialización y aumenta la conflictividad interna. «El sistema está trabajando muy por encima de su capacidad de diseño, lo que complica el control y la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario», señalan los informes.
Entre los factores que explican este fenómeno se destacan el endurecimiento de las leyes penales, la reducción de las excarcelaciones y una mayor eficacia en las capturas por delitos relacionados con el narcomenudeo. No obstante, el ritmo de construcción de nuevas unidades no ha acompañado la velocidad del crecimiento de la población penal.
Ante este escenario, diversas provincias —incluida la región del NEA— han declarado la emergencia penitenciaria, buscando agilizar fondos para ampliar pabellones y optimizar los recursos existentes. La justicia federal también ha emitido diversos fallos instando al Estado Nacional a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y salud para los detenidos.
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