El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026, una pieza legislativa fundamental que ratifica el compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. El documento, que sirve como hoja de ruta para la gestión de Javier Milei, se sostiene sobre tres pilares centrales: el mantenimiento del superávit financiero, la consolidación de la tendencia decreciente de la inflación y la previsibilidad del tipo de cambio, proyectando un escenario de orden que busca atraer inversiones y sanear definitivamente las cuentas públicas.
Variables macroeconómicas y proyecciones de estabilidad
En cuanto a las proyecciones para el próximo ejercicio, el equipo económico estima un dólar oficial en torno a los $1.400 para diciembre de 2026. Esta estimación se basa en una política monetaria responsable que apunta a evitar saltos discretos en el tipo de cambio. Respecto a la inflación, el presupuesto prevé una desaceleración significativa, producto de la nula emisión monetaria para financiar el Tesoro y la absorción de excedentes de pesos. El objetivo es normalizar los precios relativos y devolver la capacidad de ahorro a los ciudadanos bajo un marco de moneda estable.
El proyecto también contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), impulsado por la recuperación del consumo privado y, fundamentalmente, por la inversión en sectores estratégicos como la energía, el agro y la minería. A diferencia de presupuestos anteriores, este documento no contempla financiamiento vía deuda externa para gastos corrientes, sino que se apoya en una recaudación eficiente y un control riguroso de las erogaciones estatales, cumpliendo con la premisa de no gastar más de lo que ingresa.
Gasto social y eficiencia administrativa
Pese al fuerte ajuste en el gasto político y la eliminación de partidas discrecionales, el presupuesto asegura el sostenimiento de la asistencia social directa y el fortalecimiento de áreas sensibles como la seguridad nacional y la defensa. El enfoque estatal se desplaza de la intermediación burocrática hacia la eficiencia en la llegada del recurso al beneficiario final. Asimismo, se prevé una reducción en los subsidios a las tarifas, buscando sincerar el costo de los servicios públicos para eliminar distorsiones que históricamente han alimentado el déficit fiscal.
Desde el oficialismo destacan que este presupuesto es el primero en décadas que no es «un dibujo», sino un plan de acción concreto que respeta la propiedad privada y la libertad económica. La aprobación de esta ley en el Congreso será determinante para consolidar la confianza de los mercados internacionales y facilitar el acceso a créditos para el sector privado. El Gobierno confía en que el respeto estricto a la meta del superávit financiero será la garantía para terminar definitivamente con el flagelo de la inflación en la Argentina.
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