Tras la reciente detención de integrantes de la fuerza implicados en maniobras ilícitas, la Jefatura de la Policía del Chaco ratificó su postura de tolerancia cero ante actos de corrupción. A través del Órgano de Control Institucional (OCI), se confirmaron las medidas administrativas más severas para los agentes involucrados en el cobro de dádivas o coimas, incluyendo la suspensión inmediata de funciones y la retención total de sus haberes mientras avance el proceso judicial.
Sanciones administrativas y depuración interna
El Ministerio de Seguridad y la cúpula policial informaron que las actuaciones administrativas corren de manera paralela a la causa penal. El objetivo de estas medidas es garantizar que los efectivos señalados no permanezcan dentro de la estructura operativa de la fuerza mientras se determina su culpabilidad. La retención de haberes y el retiro del arma reglamentaria y la placa son pasos fundamentales en el protocolo de transparencia que busca sanear las instituciones públicas.
Desde el gobierno provincial subrayaron que cada agente que se aparta del cumplimiento de su deber y utiliza el uniforme para beneficio personal traiciona la confianza de la ciudadanía. Por ello, se ha instruido a los mandos medios para que refuercen la supervisión directa sobre los controles viales y operativos de calle, lugares donde se han detectado la mayoría de estas irregularidades en el último tiempo.
Colaboración con la justicia
La Policía del Chaco se encuentra brindando toda la información requerida por las fiscalías intervinientes, aportando registros de geolocalización de los patrulleros y libros de guardia de las comisarías afectadas. Esta colaboración busca deslindar responsabilidades y confirmar si estos hechos representan casos aislados o si existe algún grado de sistematicidad que requiera una intervención más profunda en determinadas unidades.
Finalmente, las autoridades instaron a la población a seguir utilizando los canales oficiales para denunciar cualquier tipo de abuso de poder. Se aseguró que las identidades de los denunciantes serán protegidas para evitar represalias y que cada queja será investigada con el mismo rigor que los casos de flagrancia. La investigación en curso podría derivar en la exoneración definitiva de los implicados, impidiéndoles volver a ocupar cualquier cargo en la administración pública nacional o provincial.
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