Finalmente, tras el cumplimiento de los trámites administrativos y la validación de la caución económica, el abogado Ricardo Osuna recuperó su libertad ambulatoria. El letrado abandonó su lugar de detención luego de que sus representantes legales acreditaran el respaldo necesario para cubrir la fianza de sesenta y un millones de pesos fijada por la magistratura. Sin embargo, su salida de prisión no implica el fin de su vinculación con la causa penal, sino un cambio en su situación procesal mientras continúa la instrucción.
Las pautas de conducta que deberá respetar
La libertad concedida por el juez de garantías viene acompañada de un pliego de condiciones sumamente estrictas que Osuna deberá cumplir a rajatabla para evitar el riesgo de regresar al encierro. Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de presentarse ante la sede judicial de manera periódica para certificar su permanencia en la ciudad. Asimismo, el profesional tiene terminantemente prohibido salir de la provincia del Chaco o del país sin una autorización expresa y fundamentada por parte del tribunal interviniente.
Otra de las restricciones fundamentales radica en la imposibilidad de mantener cualquier tipo de contacto, ya sea físico, telefónico o a través de medios digitales, con los testigos citados en el expediente o con otras personas que se encuentren bajo investigación en la misma causa. El objetivo de esta limitación es prevenir cualquier tipo de entorpecimiento probatorio o presión sobre quienes deben aportar información relevante para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades profesionales y administrativas que se le imputan.
Impacto en el ejercicio profesional y la causa
La liberación de Osuna ha generado gran expectativa en el foro local de abogados, dado que el imputado suele intervenir en causas de alta visibilidad pública. No obstante, su situación procesal actual limita su margen de acción, y se espera que el Ministerio Público Fiscal acelere la recolección de pruebas para elevar la causa a juicio oral en el menor tiempo posible. La caución real de sesenta y un millones de pesos permanecerá retenida por el Estado como garantía de que el acusado se someterá a todas las instancias legales requeridas.
A su salida, el abogado evitó brindar declaraciones extensas a los medios de comunicación, limitándose a señalar que se pondrá a disposición de sus defensores para trabajar en su estrategia legal. Por su parte, sectores de la querella manifestaron que estarán atentos a que se cumplan las reglas de conducta impuestas, advirtiendo que ante la más mínima infracción solicitarán la revocatoria inmediata de la libertad otorgada. El caso marca un hito en el tratamiento judicial de delitos vinculados al ejercicio del derecho en la provincia.
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