En medio de un clima cada vez más tenso, la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores de distintas provincias atraviesa una nueva etapa de conflicto que se expresa directamente en el Congreso. Los mandatarios provinciales, sin distinción de signo político, mantienen una fuerte presión para modificar la distribución de fondos, especialmente sobre el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Gobernadores unidos en reclamos
Las provincias reclaman un reparto más equitativo y federal de los recursos, denunciando que la caída en la recaudación y las demoras en la transferencia de fondos generan un “ahorcamiento financiero” que dificulta la gestión local. Para hacer sentir su voz, algunos gobernadores impulsan proyectos legislativos que desafían la postura oficialista.
La respuesta de la Casa Rosada
Desde el Ejecutivo, se promueven espacios de diálogo liderados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios clave, quienes aseguran que las propuestas serán analizadas con responsabilidad, sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni el superávit. Sin embargo, la tensión es palpable y se multiplican los cruces políticos en la escena pública y parlamentaria.
Escenario de disputa
Además de la disputa económica, la relación se ve afectada por declaraciones públicas de dureza y desconfianza, incluyendo acusaciones cruzadas entre el presidente Javier Milei y algunos gobernadores. En el Congreso, la presión se traduce en proyectos para limitar o modificar decisiones oficiales, e incluso en maniobras para condicionar las sesiones legislativas.
¿Qué viene?
La pulseada entre la Casa Rosada y los gobernadores será uno de los principales temas políticos en las próximas semanas. El equilibrio entre la autonomía provincial y la gobernabilidad nacional estará en juego, y el resultado dependerá de la capacidad de negociación y la voluntad política de ambos sectores.