La justicia de Corrientes elevó a juicio oral la causa contra Gabriela Elizabeth Wihte y su hijo Cristian Sebastián Dening, acusados de montar un esquema de estafa piramidal con captación masiva de inversores en la ciudad de Goya. Según la investigación, las maniobras se llevaron a cabo entre 2021 y 2022 y reunieron a más de un centenar de damnificados.
Las pesquisas judiciales atribuyen a la pareja la promoción de un supuesto negocio de inversiones —operando bajo nombres ficticios como “Tradeking”— mediante promesas de elevadas rentabilidades que no se correspondían con actividades financieras reales. Los procedimientos señalan un entramado de publicidad en redes sociales y contratos informales para captar ahorristas.
El perjuicio económico estimado por los investigadores ronda los US$100.000, cantidad que habría sido obtenida por medio de cobros e inversiones de cientos de personas, muchas de las cuales pertenecen a la región y aún reclaman la devolución de sus fondos. La causa sumó denuncias que permitieron consolidar la imputación y elevar la causa a debate público.
Durante el desarrollo de la investigación, se documentaron desplazamientos del principal imputado: Dening habría pasado por localidades del nordeste argentino, incluyendo estadías en Chaco, y posteriormente también permaneció en España antes de regresar y quedar a disposición de la Justicia, según las actuaciones. El juicio oral está previsto para comenzar el 20 de octubre en la ciudad de Goya.
Las autoridades judiciales y los organismos que recibieron las denuncias trabajaron para identificar la red de captación y las posibles plataformas utilizadas. Las similitudes con otros esquemas tipo “Ponzi” que circularon en el país provocaron alertas entre abogados y organismos de control, que recomiendan verificar habilitaciones y respaldos antes de invertir. :
El inicio del juicio representa un paso central para que las víctimas obtengan respuestas y, eventualmente, resarcimientos. En la previa, la difusión del caso impulsó reclamos y demandas colectivas; el proceso oral buscará dilucidar responsabilidades penales y el alcance real del fraude.
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