La Cámara de Diputados de la Nación Argentina se prepara para avanzar esta semana con las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares de Argentina, en medio de cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones ambientalistas. El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto durante la primera quincena de abril.
Las exposiciones se desarrollarán en dos jornadas, previstas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con horarios extendidos de 10 a 19 y posibilidad de prolongarse hasta la medianoche. Según se informó, se trata de una concesión ante los pedidos para ampliar la participación, ya que el número de inscriptos supera ampliamente las expectativas.
Para canalizar esa demanda, se habilitó un mecanismo que permite a los participantes enviar sus intervenciones en formato de video, con un máximo de cinco minutos, además de un documento escrito. Las presentaciones serán publicadas en el canal oficial del Congreso.
La modalidad generó cuestionamientos de distintas organizaciones, que reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos. El planteo fue impulsado por entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, entre otras, que acudieron a la Justicia para frenar el esquema. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó la medida cautelar solicitada y habilitó la realización de las audiencias.
En ese contexto, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz defendió el proceso y aseguró: «eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3». Además, sostuvo que «el plazo es más que razonable» y que la información fue puesta a disposición de manera «clara y oportuna».
Otra de las decisiones adoptadas para las jornadas es que solo podrán participar de manera presencial los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, mientras que el resto de los legisladores y asesores tendrá acceso limitado.
Una vez finalizadas las audiencias, el oficialismo prevé convocar a un plenario de comisiones para firmar dictamen entre el 7 y el 8 de abril, con la intención de debatir el proyecto en el recinto el día 15.
Desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, trabajan para reunir el quórum necesario de 129 legisladores y avanzar con la aprobación.
El oficialismo cuenta con el respaldo de sus propios diputados y busca sumar apoyos de sectores del PRO y la UCR, además de legisladores de provincias cordilleranas como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, cuyos gobernadores ya manifestaron su acompañamiento. No obstante, también hay resistencias. La diputada radical María Inés Zigarán anticipó su rechazo a las modificaciones impulsadas.
La iniciativa busca modificar la normativa vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Entre los principales cambios, se plantea otorgar mayor margen a las provincias para definir qué áreas proteger y en cuáles habilitar actividades productivas.
En ese sentido, la propuesta abre la posibilidad de desarrollar actividades como la minería o la exploración petrolera en zonas periglaciales, bajo criterios definidos por los gobiernos provinciales.
Mientras el oficialismo intenta avanzar con la sanción del proyecto, el debate sigue generando tensiones entre quienes promueven un mayor desarrollo económico y quienes advierten sobre los posibles impactos ambientales.
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