El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto para el año 2026, asignando a las universidades públicas un total de 4,8 billones de pesos. Si bien esta cifra representa un aumento nominal de los recursos, ha generado un profundo desacuerdo en la comunidad académica, ya que los rectores denuncian que la asignación es insuficiente y, además, que el Ejecutivo planea no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue sancionada por el Congreso con amplio apoyo.
Brecha entre Asignación y Requerimientos
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, había calculado sus requerimientos presupuestarios para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema en 7,2 billones de pesos. Este monto era necesario para cubrir adecuadamente los gastos operativos, el mantenimiento de infraestructuras edilicias y, de manera fundamental, la recomposición salarial tanto del personal docente como del no docente. Para el CIN, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo de 4,8 billones de pesos es «insuficiente y pone en riesgo la calidad y sustentabilidad del sistema universitario».
La Postura del Gobierno y las Medidas de Control
Desde el Gobierno, se defendió la decisión presupuestaria. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, argumentó ante la comisión de Presupuesto que la ley de financiamiento universitario no puede implementarse debido a que «no está claro de dónde saldrán los recursos». El funcionario reiteró el concepto oficial de que la normativa carece de un mecanismo concreto y garantizado para la asignación financiera, lo que haría su aplicación «irresponsable».
El proyecto presupuestario incluye, además, severas condiciones para el control del gasto. Las universidades que reciban fondos estarán obligadas a presentar informes detallados ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Estos informes deben especificar cómo se distribuirán los recursos por función, incluyendo educación, salud y ciencia. El Ministerio de Educación se reserva explícitamente el derecho de suspender las transferencias de fondos en caso de que las casas de estudio incumplan con la rendición de cuentas detallada.
Otros Conflictos Legislativos y Medidas Judiciales
El conflicto se agrava al confirmarse que el proyecto de presupuesto también omite la aplicación de otras leyes clave: por tercer año consecutivo, el Ejecutivo no aplicará la Ley de Financiamiento Docente, que estipulaba dedicar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a sueldos, ni se ejecutarán los niveles mínimos de inversión establecidos en la Ley de Educación Técnico-Profesional y en la Ley de Ciencia y Tecnología.
Como respuesta directa a esta situación, el pleno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó la decisión de elevar la disputa a la esfera judicial. Las universidades públicas acudirán a los tribunales para exigir que se cumpla y se respete lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario.
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