La justicia dispuso la prohibición de publicación y difusión de información relacionada con el caso de la niña que dio a luz en una vivienda de Castelli. La medida, adoptada por la autoridad judicial competente, tiene como finalidad proteger la identidad y la intimidad de la víctima, así como preservar la integridad de la investigación en curso.
El juez o la jueza a cargo resolvió que datos, imágenes o cualquier referencia que permitan identificar a la niña no sean difundidos en medios o redes sociales. Esa restricción incluye la difusión de testimonios, fotografías, audios o materiales que puedan vulnerar la reserva processal o entorpecer las diligencias que llevan adelante la Fiscalía y los equipos periciales.
En paralelo, personal judicial y equipos técnicos realizaron las diligencias pertinentes para avanzar con las pericias médicas y forenses necesarias. La intervención busca determinar responsabilidades, recolectar pruebas y asegurar que el proceso se desarrolle conforme a las garantías procesales previstas por la ley, con especial atención en la protección de derechos de menores.
Las autoridades judiciales también pusieron en marcha medidas de protección a favor de la niña y su entorno, coordinando con organismos de asistencia social y servicios de salud para brindar contención psicológica y apoyo integral. Estas acciones responden a la necesidad de minimizar el daño secundario que pueden provocar la exposición mediática y la estigmatización.
La orden de prohibición prevé además consecuencias para quienes incumplan la resolución judicial, que pueden ir desde sanciones administrativas hasta medidas penales por desobediencia o por vulneración de la reserva establecida. Los tribunales recuerdan que la protección de la víctima y el resguardo del proceso tienen prioridad sobre la difusión informativa.
El caso plantea un debate recurrente entre el derecho a la información y la obligación de proteger a las personas más vulnerables. Mientras avanza la investigación, las autoridades insisten en la importancia de respetar la prohibición de difusión para garantizar un esclarecimiento eficaz y evitar daños adicionales a la víctima y su familia.
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