El proceso judicial contra los efectivos de la Policía del Chaco detenidos recientemente por exigir dinero a ciudadanos en controles viales ha tomado un nuevo impulso con la incorporación de pruebas clave. La fiscalía a cargo de la investigación comenzó con la etapa de declaraciones indagatorias y el análisis de los elementos secuestrados durante los operativos de captura, buscando determinar si existe una red de connivencia que involucre a personal de mayor jerarquía dentro de las unidades operativas afectadas.
Peritajes tecnológicos y testimonios
Uno de los pilares de la investigación actual se centra en el peritaje de los teléfonos celulares incautados a los policías implicados. Los especialistas informáticos buscan registros de comunicaciones, mensajes de texto o transferencias digitales que puedan probar la sistematicidad de los pedidos de coimas. Asimismo, se están analizando las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrieron los hechos para cotejar el tiempo que duraban los procedimientos y el comportamiento de los uniformados frente a los civiles que denunciaron los pedidos de dinero.
En paralelo, la justicia ha citado a declarar a nuevos testigos que, tras conocerse los casos iniciales, se acercaron a las dependencias judiciales para denunciar situaciones similares. Estos testimonios son fundamentales para la fiscalía, ya que podrían permitir el cambio de carátula de los expedientes hacia una figura penal más grave, como la de asociación ilícita o exacciones ilegales reiteradas, lo que complicaría severamente la situación procesal de los detenidos.
Medidas cautelares y futuro de los imputados
Mientras se aguardan los resultados de las pericias, los efectivos involucrados permanecen bajo prisión preventiva debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación. Desde el Poder Judicial se enfatizó que se actuará con el máximo rigor para dar un mensaje claro de transparencia institucional. Los abogados defensores han solicitado la excarcelación de sus representados, pero la misma ha sido denegada sistemáticamente ante la gravedad institucional que representa el abuso de autoridad por parte de funcionarios de seguridad.
El Órgano de Control Institucional continúa aportando documentación administrativa sobre los legajos de los acusados, verificando si contaban con sanciones previas o denuncias por mal desempeño que no hubieran sido tramitadas debidamente en el pasado. Se espera que en las próximas semanas la fiscalía solicite la elevación a juicio de las primeras causas acumuladas, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
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