En la investigación por la muerte de Gabriela Arací Barrios, la fiscalía encabezada por Marcelo Soto mantiene la causa bajo la figura legal de homicidio, sin haber imputado oficialmente el femicidio. Si bien todos los indicios apuntan hacia la violencia de género, los fiscales esperan los resultados de peritajes clave para decidir si recategorizará el delito.

El cuerpo de Gabriela, joven de 20 años, fue descubierto este lunes en el pozo negro de la vivienda de Jesús “Huesa” Salvatierra, detenido como principal sospechoso. El hallazgo se produjo horas después de múltiples allanamientos, detección de pistas forenses y evidencia que sugiere un episodio violento.

Entre los elementos recabados se encuentran una motocicleta calcinada, pertenencias quemadas, indicios físicos que podrían reflejar forcejeos, y testimonios de personas cercanas a la víctima. Las pruebas serán sometidas a estudios técnicos forenses y de criminalística.

El fiscal Soto reconoció que la calificación actual de homicidio podría modificarse si los resultados confirman que mediaron violencia de género, que existía una relación sentimental entre la víctima y el imputado, o si se constatan lesiones compatibles con agresión por parte de Salvatierra.

Mientras tanto, se aguardan los dictámenes de autopsia, peritajes sobre teléfonos celulares, análisis del lugar del hecho y otros elementos probatorios. Sólo cuando esos resultados estén concluidos, las acusaciones podrán actualizarse formalmente, con el cambio de carátula penal si corresponde.

Este enfoque prudente pone en relieve la complejidad judicial de los casos de violencia contra las mujeres: recabar pruebas concretas, asegurar la cadena de custodia y garantizar que la causa avance sin errores. La sociedad exige agilidad, pero la justicia deberá operar con rigor técnico para sostener cualquier modificación legal sustancial.

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