La Procuración del Tesoro de la Nación ultima los detalles de un recurso extraordinario federal para defender la validez de la Ley de Modernización Laboral. La movida judicial surge tras el fallo de la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba que declaró inconstitucional el mecanismo de actualización de créditos para juicios en trámite.
El nudo del conflicto: El Artículo 55
El juez Ricardo Gileta invalidó el artículo que establece cómo deben actualizarse las deudas en juicios iniciados antes de la reforma:
- El esquema oficial: Utiliza la tasa pasiva del BCRA con un piso del 67% del cálculo basado en inflación.
- El argumento del juez: Sostuvo que este mecanismo genera una «desigualdad arbitraria» entre trabajadores según la fecha de inicio de su demanda, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.
- La orden judicial: Dispuso volver al sistema previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que suele arrojar montos superiores.
Estrategia de la Casa Rosada
Desde el entorno presidencial confirmaron que la batalla legal se dará en todas las instancias necesarias:
- Presentación del recurso ante la propia Cámara cordobesa.
- En caso de rechazo, se acudirá mediante un recurso de «queja» directo a la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos preparados para una etapa de fuerte judicialización. La modernización laboral es ley del Congreso y defenderemos su aplicación hasta que el máximo tribunal establezca un criterio definitivo”, señalaron fuentes oficiales.
Este expediente es seguido con extrema atención por las cámaras empresarias y los sindicatos, ya que el criterio que adopte la Corte sobre el artículo 55 definirá el costo real de miles de litigios laborales que hoy se encuentran en «limbo» jurídico tras la sanción de la nueva normativa a fines de febrero.
