Mediante la emisión del Decreto 1723/2025, un oficial subayudante de la Policía del Chaco fue formalmente cesanteado de la fuerza. La decisión se produce años después de que el agente fuera filmado mientras solicitaba una coima a una mujer a cambio de facilitarle la recuperación de su motocicleta, la cual se encontraba secuestrada en una Comisaría de la ciudad de Sáenz Peña. Aunque el caso original se remonta a agosto de 2020, la expulsión definitiva se concretó aproximadamente cinco años después de los hechos.
Detalles del Pedido de Coima
El caso tuvo lugar el 25 de agosto de 2020. La denunciante relató que el oficial subayudante de la Comisaría 1ª de Sáenz Peña, identificado como D.A.V., le exigió un soborno para permitirle retirar su vehículo. La mujer poseía toda la documentación requerida para la liberación de la motocicleta, pero el funcionario policial comenzó a manifestarle «indirectas como una motivación para entrarle» el rodado, sugiriendo un pago ilícito.
En un primer momento, la mujer le indicó al oficial que solo disponía de 400 pesos en su billetera. La respuesta del policía fue contundente y despectiva, señalando que «por ese dinero ni siquiera se levantaba de su silla». Finalmente, ambos acordaron la entrega de una suma de 2.000 pesos de aquella época para concretar el retiro de la moto.
La Grabación, Viralización y Proceso Judicial
La denunciante retiró la cantidad de dinero acordada y regresó a la Comisaría, esta vez equipada con una cámara oculta. Con este dispositivo, logró grabar nuevamente el momento exacto en que el oficial realizaba el pedido de la coima. Una vez difundido, el video se viralizó rápidamente en las redes sociales, exponiendo la conducta del funcionario.
Tras la denuncia formal, el oficial fue detenido por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1. No obstante, fue puesto en libertad a los pocos días de su arresto y, de manera posterior, fue suspendido de forma preventiva. A pesar de la gravedad de la filmación y la denuncia, el policía fue reintegrado al servicio activo el 14 de septiembre de ese mismo año.
Resolución Final
Años después, la situación del oficial se resolvió de manera definitiva. Por sugerencia de la Asesoría General de Gobierno, se procedió a la expulsión definitiva del funcionario de la fuerza. La cesantía se fundamentó en la comisión de «faltas gravísimas», basándose en varios artículos contemplados en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, poniendo fin a su carrera en la institución.
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