Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola están evaluando la posibilidad de ampliar el listado de bienes sujetos a decomiso en el marco de la causa Vialidad. La nueva incorporación que se analiza es el departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner está cumpliendo su pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Se trata de un inmueble de 232 metros cuadrados, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue adquirido en el año 2010 por un valor superior a los 300.000 dólares.
Contexto de la Decisión Judicial
La decisión sobre la inclusión de este bien recaerá en el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Días atrás, este mismo Tribunal ya había dispuesto el decomiso de un conjunto de bienes que incluye 80 propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y sus empresas, un terreno de más de 6000 metros cuadrados que pertenece a la expresidenta en la provincia de Santa Cruz, y una veintena de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Respecto al departamento en cuestión, la propiedad figura a nombre de Hotesur, una firma que actualmente es propiedad de los hijos de la exmandataria y cuyos bienes ya se encuentran embargados en una causa paralela que investiga el delito de lavado de dinero.
Argumentos de las Partes y Fundamentos del Tribunal
Las defensas de los involucrados han manifestado su oposición al avance sobre estas propiedades, sosteniendo que la fiscalía no ha logrado demostrar un vínculo directo y fehaciente entre cada uno de los bienes en disputa y el delito que fue objeto de la investigación. Por su parte, Cristina Kirchner solicitó la anulación de la ejecución y cuestionó el cálculo total del decomiso, argumentando que la medida no corresponde ser aplicada sobre bienes que fueron adquiridos con anterioridad al año 2009, fecha en que ella firmó el decreto que la vincula al caso. Máximo y Florencia Kirchner también objetaron la acción judicial, señalando que los bienes que les fueron cedidos por su madre no guardan relación alguna con el proceso penal.
Sin embargo, en su resolución, los magistrados explicaron que el decomiso no requiere una «trazabilidad científica» específica. Argumentaron que la medida puede abarcar tanto el producto directo del delito como aquellos bienes que fueron derivados, sustituidos o mezclados. Los jueces también agregaron que la aplicación de esta medida puede involucrar a personas que no fueron condenadas, como los hijos de la expresidenta, e incluso bienes que pertenecieron al fallecido Néstor Kirchner, debido a que formaban parte de la sociedad conyugal y su patrimonio común.
Destino de los Bienes Decomisados
Tras la determinación del Tribunal, los bienes decomisados han quedado bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este organismo será el responsable de realizar el inventario, la tasación y la definición final sobre el destino de las propiedades, que puede ser la utilidad pública o la disposición de su remate. Entre los bienes ya decomisados se encuentran 50 inmuebles de Lázaro Báez (49 en Santa Cruz y uno en Chubut), adquiridos entre 2004 y 2011, de los cuales 34 ya habían sido objeto de decomiso en la causa conocida como «La ruta del dinero». También se incluye un terreno de Cristina Kirchner en El Calafate, adquirido en 2007, y 19 propiedades que recibieron Máximo y Florencia Kirchner, entre ellas los lotes donde se construyó el Hotel Los Sauces. El Tribunal advirtió que, en caso de que estos bienes no sean suficientes para cubrir el monto total del decomiso, se avanzará sobre el patrimonio de los demás condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
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