La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue allanada este viernes en sus dos principales sedes, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Predio Lionel Andrés Messi, en el marco de una causa judicial que investiga contratos internacionales y un presunto desvío de fondos.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay y ejecutados por personal de la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a acuerdos firmados entre la entidad y la firma TourProdEnter LLC.
QUÉ BUSCA LA JUSTICIA
Según la investigación, la empresa —vinculada a los empresarios Javier Faroni y Erica Gillete— tenía a su cargo la representación comercial de la Selección argentina en el exterior, incluyendo la gestión de patrocinios, eventos y logística.
En ese marco, también se busca documentación contable para determinar el origen de los fondos utilizados en la compra de una quinta en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, que estaría bajo sospecha.
De acuerdo a una denuncia impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica, entre 2021 y 2025 se habrían canalizado más de 300 millones de dólares por fuera del circuito bancario argentino a través de una red de intermediarios internacionales. Además, informes provenientes de la Justicia de Estados Unidos señalarían transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA.
CAUSA CON MÚLTIPLES FRENTES
El expediente se tramita en distintos juzgados, entre ellos el de Campana, el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora —subrogado por Luis Armella— y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de Paula Petazzi. El juez González Charvay planteó la necesidad de unificar las investigaciones para evitar resoluciones contradictorias.
La disputa por la competencia del caso será definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá determinar si la causa continúa en el fuero federal de Campana o vuelve al ámbito penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La audiencia fue fijada para el 30 de marzo y se centrará en la investigación de la propiedad de Pilar, adquirida por la firma Real Central SRL, cuyos titulares están imputados por no poder justificar el origen de los fondos.
El caso pone el foco en la trazabilidad del dinero y posibles vínculos con operaciones del fútbol profesional, en una causa que continúa en desarrollo y que podría tener definiciones clave en las próximas semanas.
Redacción Nacional / Buenos Aires
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