El Gobierno provincial del Chaco anunció que se constituirá como querellante en la investigación por la muerte de Gabriela Arací Barrios, cuya desaparición conmovió a la comunidad chaqueña. Esta decisión fue acordada junto a la madre de la víctima para sumar fuerza institucional en la causa judicial.
La subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, confirmó que el Estado no solo participará como parte querellante, sino que también brindará asistencia integral a los familiares de Gabriela. Entre las prestaciones figuran acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y apoyo logístico para traslados y trámites.
Hasta ahora, la causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Marcelo Soto, quien espera el resultado de la autopsia para determinar la carátula definitiva del expediente. Se baraja la posibilidad de que el caso sea tipificado como femicidio, según indicaron fuentes judiciales.
El rol de querellante estatal le permite al Gobierno tener acceso formal al expediente, proponer peritajes, intervenir en audiencias y exigir que el proceso avance con diligencia. Esto refuerza la postura institucional de involucramiento activo frente a casos de violencia contra mujeres.
Este anuncio se interpreta como una respuesta política y simbólica: el Estado busca mostrar compromiso con la investigación, ofrecer garantías a la familia y reforzar que el crimen no quedará impune. En contextos de delitos de género, la querella estatal suele actuar como contrapeso institucional al avance de la causa.
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