El Gobierno nacional se encuentra analizando la posibilidad de avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un instrumento internacional elaborado en 1970. Esta iniciativa es impulsada por Estados Unidos, que la incluyó como un punto clave dentro del nuevo acuerdo comercial bilateral con Argentina. La adhesión al PCT ya cuenta con media sanción del Senado desde el año 1998, y actualmente se mantiene en estado parlamentario.
Discrepancias Internas y Vías Alternativas
En el seno del Poder Ejecutivo, existen posiciones encontradas respecto a la adhesión. Mientras los laboratorios nacionales ejercen presión para frenar el avance del PCT, las empresas internacionales, por su parte, insisten para que la Cámara Baja del Congreso habilite la votación. En este contexto de conflicto, el Gobierno también está evaluando alternativas para fortalecer el sistema de protección de la propiedad intelectual. Una de estas opciones incluye la consideración de posibles modificaciones a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad vigente.
Reclamos de Estados Unidos y Fallas en la Protección
La presión por la adhesión al PCT forma parte de un anuncio más amplio que Estados Unidos hizo público sobre el acuerdo comercial con Argentina. En dicho documento, se destaca que el país ha iniciado acciones contra los «mercados notorios» de falsificación y piratería. Sin embargo, también se plantea la necesidad urgente de abordar varios puntos críticos, como los criterios de patentabilidad, la considerable demora en los trámites que gestiona el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), la regulación de las indicaciones geográficas, y la exigencia de una mayor alineación con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.
El reporte estadounidense, si bien reconoce que fuerzas de seguridad como la Policía Federal y la Gendarmería intensificaron sus trabajos contra la venta de productos falsificados, advierte que la actividad ilícita en general «persiste en ausencia de medidas sistémicas». Entre los reclamos específicos, se pide que se avance con mayor firmeza contra los mercados informales de productos falsificados y piratas, mencionando explícitamente zonas como el barrio Once y La Salada.
Finalmente, el documento cuestiona al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) por contar con «recursos limitados y un número reducido de examinadores». Además, señala que la protección legal frente al uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos necesarios para la aprobación de productos farmacéuticos y agroquímicos «sigue siendo insuficiente» en el país.
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