La Justicia federal detuvo a 23 agentes de la Gendarmería Nacional acusados de integrar una red de corrupción que exigía pagos de entre 50 000 y 600 000 pesos a camioneros para permitir la circulación por rutas sin sanciones. La pesquisa se centró en un puesto vial de la Ruta Nacional 8, aunque la maniobra habría operado en varias provincias.
La causa comenzó a raíz de una denuncia de un camionero ante la fiscalía de Río Cuarto. Los investigadores determinaron que los agentes detenían a transportistas señalando irregularidades y luego ofrecían “arreglos” para que el vehículo siguiera su recorrido. El dinero se entregaba en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros utilizadas como testaferros.
Los allanamientos se llevaron a cabo simultáneamente en múltiples localidades de Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Salta, como parte del operativo que permitió la captura de los sospechosos. De los 23 agentes implicados, 13 permanecen presos en el penal de Bouwer y el resto cumple arresto domiciliario.
Entre los acusados figura la jefa de la Sección Vial del puesto involucrado, señalada por su presunta participación en la organización del cobro ilegal. Las imputaciones incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad, y la causa sigue abierta para determinar si hay más implicados.
El escándalo genera un fuerte impacto institucional en la Gendarmería Nacional, cuestiona los controles en los puestos viales y pone en relieve la vulnerabilidad del sistema de transporte frente a redes internas de extorsión. Las autoridades prometieron acciones administrativas internas y mayor supervisión para prevenir que este tipo de maniobras se repitan.
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