La víctima llegó a pedir auxilio a una amiga; la investigación está en curso y los imputados niegan la acusación
Una denuncia presentada en Resistencia conmocionó a la comunidad local: una mujer de 45 años afirmó que permaneció retenida contra su voluntad durante casi cuatro años en una vivienda ubicada en Avenida Nicaragua al 100. Según su testimonio, la habría obligado a realizar tareas domésticas y a cuidar menores sin percibir remuneración.
El episodio salió a la luz cuando la víctima, en estado de crisis, llegó a la casa de una amiga y relató lo sucedido. Personal de la Comisaría 14ª y del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas intervino de inmediato, y la Fiscalía local inició las diligencias para verificar la veracidad de la denuncia y recabar pruebas.
En el curso de las primeras actuaciones se tomaron declaraciones y se realizaron medidas de protección y asistencia para la mujer denunciadora. Por su parte, los señalados —identificados como Celestino “Tizo” Talavera y su pareja, Andrea Eugenia Leyes— rechazaron las imputaciones y sostuvieron que la mujer vivía en el domicilio por motivos humanitarios y por problemas de salud mental.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía competente, que analizará los elementos reunidos para definir si corresponde encuadrar el hecho como explotación o trata de personas, o bien si se trata de otra figura penal. Hasta el momento las autoridades no han decidido que la causa constituya trata, aunque las pesquisas continúan abiertas.
Las fuerzas intervinientes recordaron la importancia de la asistencia inmediata a quienes denuncian situaciones de privación de libertad y subrayaron que la víctima recibió contención institucional. En paralelo, se solicitarán peritajes y testimonios que permitan reconstruir el período denunciado y determinar responsabilidades.
El caso reaviva el debate sobre mecanismos de protección social y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad. Mientras la investigación avanza, la comunidad aguarda los resultados y las medidas que adopten la justicia y los organismos de protección para garantizar el resarcimiento y la seguridad de la víctima.
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