Una grave denuncia sacude al ámbito judicial provincial tras detectarse que un estudio jurídico accedió de forma presuntamente indebida a información confidencial de un expediente judicial, sin tener intervención formal en la causa. El hecho está siendo investigado por el juez penal Juan Pablo Lubary, quien dictó medidas urgentes para frenar posibles filtraciones y preservar la integridad del proceso.
📂 Acceso irregular y filtración de datos
Según surge de la resolución judicial, el estudio habría obtenido acceso al expediente a través de una oficina “colaborativa”, sin representar oficialmente a ninguna de las partes. A partir de allí, se detectó que compartía datos sensibles del caso, incluso a través de terceros. El juez calificó el accionar como una “maniobra falaz” y ordenó restringir inmediatamente el acceso tanto del estudio como de la Defensoría General.
La causa involucra a una empleada judicial internada en el área de salud mental, y la difusión de sus datos médicos motivó la aplicación de normas que protegen la intimidad y dignidad de personas en situación de vulnerabilidad.
“Se utilizó información reservada con fines no autorizados, comprometiendo derechos fundamentales y normas constitucionales”, indicó una fuente vinculada al expediente.
⚖️ Vinculaciones que generan sospechas
La resolución también hace mención a posibles vínculos personales entre autoridades judiciales y actores del estudio en cuestión, lo que habría facilitado el acceso a documentación reservada. La jueza de Familia N.º 4, Vilma Almirón, y la Defensora General, Alicia Alcalá, son mencionadas en el documento, en el marco de comunicaciones que habrían allanado la maniobra.
Además, se investiga si un funcionario federal habría intentado presionar a empleados judiciales para obtener copias del expediente.
🛑 Medidas judiciales y nueva investigación
Frente a este escenario, el juez Lubary dictó:
- Prohibición de difundir información contenida en el expediente.
- Restricción total de acceso a personas no autorizadas.
- Inicio de una investigación penal paralela por presunta violación de deberes, tráfico de influencias y violación de datos confidenciales.
Este caso podría convertirse en un precedente importante en la provincia del Chaco sobre el uso indebido de datos judiciales y la responsabilidad de actores profesionales dentro del sistema.