La fiscalía federal solicitó formalmente al juez federal de Garantías N°2, Ricardo Mianovich, la elevación a juicio de la investigación que desnudó una estructura dedicada a la transferencia irregular de vehículos oficiales hacia el sector privado. Las maniobras, ocurridas entre 2016 y 2021, involucraron la falsificación de decretos y documentación registral.
Los cinco imputados clave
La acusación sostiene la existencia de una asociación ilícita con roles definidos para desviar el patrimonio público:
- Lidia del Carmen Costas: Exdirectora general de Gestión de Bienes. Se la acusa de certificar anexos falsos en decretos de subastas oficiales.
- Santiago Daniel Dellacasa: Empresario señalado como el principal beneficiario privado de estas transferencias ilegales.
- Mario Orlando Bistman: Empleado público y mandatario. Era quien decidía qué bienes iban a subasta y gestionaba los trámites ante el Registro Automotor.
- Daniel Rojas y Marcos Vargas: Sargentos de la Policía de Formosa que actuaban como verificadores en la maniobra.
El «Modus Operandi»
Según la instrucción, la organización utilizaba documentación adulterada para simular subastas legales. Mediante la falsedad ideológica, lograban que vehículos que pertenecían al Gobierno del Chaco terminaran inscriptos a nombre de particulares o empresas sin que el Estado recibiera la contraprestación correspondiente.
“Se trataba de una estructura aceitada que aprovechó los grises administrativos y la jerarquía de sus integrantes para convertir bienes del dominio público en activos privados mediante decretos apócrifos”, destaca el requerimiento fiscal.
La causa, difundida originalmente por Norte Grande Federal, entra ahora en su etapa de definiciones. El juez Mianovich deberá resolver la clausura de la instrucción para dar inicio al debate oral, donde se ventilarán los detalles de cómo se perdieron decenas de unidades del parque automotor oficial bajo una apariencia de legalidad administrativa.
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