La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena de cuatro años de prisión impuesta contra Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal, por su responsabilidad en la trágica colisión ferroviaria ocurrida en la estación de Once en el año 2012, un suceso que resultó en la muerte de 51 personas. Esta decisión de la máxima instancia judicial deja al exfuncionario ante la posibilidad inminente de ingresar a prisión.
Detalles de la Decisión Judicial
El fallo de la Corte Suprema fue emitido por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes tomaron la decisión de declarar inadmisibles los recursos extraordinarios que habían sido presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exministro. Al declarar inadmisibles estos recursos, la condena impuesta en instancias anteriores queda firme y ejecutable.
Historia de la Causa y Responsabilidades
La causa penal por la tragedia de Once se inició en diciembre de 2015. En aquel momento, el Tribunal Oral Federal 2 dictó condenas para varias figuras clave, incluyendo al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) —la concesionaria de la Línea Sarmiento— y a exsecretarios de Transporte, entre ellos Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La investigación judicial determinó de manera concluyente que el fatal accidente fue consecuencia directa del deficiente mantenimiento y estado de los trenes, a pesar de que la empresa TBA había recibido millonarios subsidios provenientes del Estado nacional. A esto se sumó, en la esfera operativa, la conducción imprudente por parte del maquinista.
Condena Específica a De Vido
El vínculo de De Vido con la causa se resolvió en 2018, tres años después del primer fallo. En esa ocasión, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de cinco años y ocho meses de prisión contra el entonces exministro, culpándolo del delito de fraude al Estado. La base de esta condena radicó en que De Vido no había ejercido el control necesario y efectivo sobre los fondos públicos que estaban destinados a la empresa TBA. Sin embargo, en ese juicio, el exfuncionario había sido absuelto del cargo de estrago culposo, que era la imputación que lo ligaba directamente a la colisión y a sus consecuencias fatales. La condena ratificada ahora por la Corte es la de cuatro años de prisión por el delito de fraude, haciendo hincapié en su responsabilidad por la falta de control sobre los fondos que debían garantizar la seguridad del servicio.
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