La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia dictó una sentencia histórica al condenar a Carlos Iván Barraza, referente del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal lo halló culpable de ser el autor penalmente responsable de delitos de fraude contra la administración pública y peculado de bienes y servicios, todos cometidos en concurso real.
Fundamentos del Fallo y Sanciones Accesorias
Las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey coincidieron en que quedó plenamente probado el esquema de desvío de recursos estatales que eran administrados por Barraza. Además de la pena de reclusión, el fallo impone la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que busca evitar que el condenado vuelva a tener acceso a la administración de recursos del Estado.
La justicia también ordenó el decomiso definitivo de una gran cantidad de bienes que habían sido secuestrados durante los allanamientos previos, entre los que se destacan vehículos de alta gama, herramientas de construcción y materiales que habían sido entregados por organismos como el IAFEP para fines sociales, pero que eran usufructuados de manera personal o para el sostenimiento de su estructura política.
Nuevas Investigaciones y Repercusiones
Un aspecto clave de la sentencia es la orden del tribunal de abrir nuevas líneas de investigación. Se ha pedido al Ministerio Público Fiscal que indague sobre la posible complicidad o negligencia de exfuncionarios que permitieron la salida de estos fondos, así como también sobre la conducta de familiares y allegados de Barraza que aparecían vinculados a la recepción de beneficios o la titularidad de bienes sospechosos.
Al finalizar la lectura de la sentencia, el dirigente social mostró una actitud desafiante, llegando a aplaudir irónicamente a las magistradas antes de ser trasladado bajo una fuerte custodia policial para iniciar el cumplimiento de su condena. El caso es visto como un precedente fundamental en la lucha contra la corrupción y el manejo irregular de las organizaciones sociales en la provincia.
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