El expresidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para consolidar el poder ejecutivo en Estados Unidos, aprovechando recientes decisiones judiciales que amplían la inmunidad presidencial y limitan la supervisión judicial sobre sus actos durante el mandato.
Una sentencia histórica de la Corte Suprema estableció que un expresidente goza de inmunidad amplia frente a la persecución penal por actos oficiales realizados en el cargo, lo que ha generado preocupación sobre el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas dentro del sistema democrático.
Trump ha utilizado esta ampliación de inmunidad para desafiar fallos judiciales que obstaculizan su agenda política y legal. Además, ha presentado demandas por difamación en casos mediáticos que lo involucran, aunque enfrenta obstáculos legales en algunos procesos.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos constitucionalistas advierten que estas acciones podrían sentar un precedente peligroso, al permitir que el presidente actúe con poderes casi absolutos, incluso en situaciones donde se cuestiona la legalidad o moralidad de sus decisiones.
Este escenario ha abierto un intenso debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos y la necesidad de preservar el sistema de controles y equilibrios que garantiza la democracia.
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