En la provincia de Chaco, una reciente auditoría reveló que más del 60% de las pensiones por discapacidad no cumplían con los requisitos necesarios. Durante el proceso, surgieron casos llamativos que evidencian el mal uso del sistema.
Por ejemplo, una mujer que había declarado una amputación en sus brazos se presentó en perfectas condiciones físicas, sin ningún problema de movilidad. Otro caso detectó que una persona solicitó la pensión por hipertensión, pero en los registros figuraba que padecía diabetes.
Asimismo, una mujer había asegurado tener cáncer de mama, pero luego confesó nunca haberse realizado una mamografía. En otro caso, una beneficiaria admitió que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión había sido gestionada por su empleadora.
Estas situaciones ponen en evidencia la necesidad de controles más estrictos en la entrega de beneficios sociales y la revisión de los criterios aplicados.