El expresidente Alberto Fernández presentó formalmente un recurso de apelación ante la Justicia federal, cuestionando el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello en la causa conocida como “Seguros”. La defensa solicitó la revocación de la medida y planteó la falta de mérito, alegando que los hechos atribuidos no fueron incluidos originalmente en la imputación ni en el llamado a indagatoria.
El núcleo de la acusación radica en la supuesta intervención del exmandatario para beneficiar a intermediarios del mercado asegurador, a través de la firma del decreto 823/21. La normativa en cuestión obligaba a los entes estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, lo que, según la investigación, habría favorecido a determinados brokers vinculados a funcionarios de su entorno cercano.
La defensa también objetó aspectos formales del proceso, al advertir que la causa se inició a partir de publicaciones periodísticas y fue instruida inicialmente por un juez que se encontraba recusado. Asimismo, se cuestionó la supuesta falta de pruebas concluyentes sobre la existencia de un beneficio económico directo por parte del expresidente.
En paralelo, el procesamiento incluyó un embargo millonario sobre los bienes de Fernández, así como también la misma medida contra varios exfuncionarios y empresarios relacionados al caso. El juez Casanello consideró que existían elementos suficientes para sostener que hubo un manejo irregular de fondos públicos mediante contrataciones direccionadas.
El futuro de la causa ahora queda en manos de la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma el procesamiento, dicta la falta de mérito o revoca la medida en favor del exmandatario. La resolución podría marcar un nuevo capítulo en una investigación que mantiene expectante al ámbito político y judicial del país.