La reciente reconstrucción presentada por la Fiscalía federal en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña aportó nuevos detalles sobre lo que, según los investigadores, fue la sustracción y el ocultamiento del niño en junio de 2024 en Corrientes. El documento, incorporado en la etapa previa al juicio oral, describe una secuencia organizada de acciones y maniobras destinadas tanto a concretar el hecho como a desviar la investigación.
De acuerdo con esta reconstrucción, Loan fue apartado de la custodia de su padre durante la sobremesa en la casa de su abuela, en el paraje Algarrobal, cerca de 9 de Julio. En ese contexto, un grupo de adultos habría llevado al niño y a otros menores hacia un naranjal con la excusa de buscar frutas en una zona de monte alejada.
La fiscalía identifica como protagonistas de ese traslado a Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, mientras que María Victoria Caillava y Carlos Pérez permanecían en la vivienda. Según el expediente, Laudelina convenció a otra mujer de regresar a la casa, lo que dejó a los niños bajo el control de los tres primeros imputados. La última imagen del niño fue registrada a las 13.52, cuando se dirigía al naranjal.
Los testimonios recolectados, especialmente de los menores presentes, ubican a Loan inicialmente cerca de los adultos y luego jugando con otros chicos, hasta que en distintos momentos dejó de ser visto. A esto se suma un análisis de comunicaciones que revela un flujo inusual de llamadas y mensajes entre los imputados —principalmente entre Benítez y Laudelina Peña— en el lapso crítico en que se pierde el rastro del niño.
En base a estos elementos, la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído del lugar y retirado de la zona, posiblemente en una camioneta Ford Ranger perteneciente a Caillava y Pérez, donde se detectaron rastros odoríferos. También se señala que la aparición posterior de uno de sus botines en un lodazal habría sido una maniobra deliberada para simular una desaparición accidental.
El informe también detalla una serie de acciones posteriores orientadas a entorpecer la investigación. En ese sentido, el comisario Walter Maciel es señalado como partícipe necesario por su rol en la coordinación de movimientos y comunicaciones que, según la acusación, contribuyeron a ocultar lo sucedido.
La causa, que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión, se encamina ahora hacia el juicio oral, cuya fecha estaba establecida para el 7 de octubre, pero tras reclamos de las querellas y la Fiscalía, aún no fue definida.
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