En un nuevo movimiento dentro del proceso judicial por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza de la causa rechazó una serie de solicitudes presentadas por las defensas de los principales imputados, miembros del clan Sena. Estos pedidos judiciales estaban intrínsecamente ligados a la posibilidad de que los acusados pudieran acceder a la prisión domiciliaria, buscando una morigeración de sus condiciones de detención.
Naturaleza de las Solicitudes Rechazadas
Las peticiones específicas de la defensa, aunque no detalladas completamente por las fuentes judiciales, se centraron en argumentos que buscaban habilitar la prisión domiciliaria para Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y potencialmente para su hijo, César Sena. Generalmente, este tipo de pedidos se basan en razones de salud, edad o supuestas condiciones de detención que no serían adecuadas para los imputados. Sin embargo, la magistrada consideró que no se cumplían los requisitos legales o fácticos necesarios para conceder una medida alternativa a la prisión preventiva.
La jueza sostuvo que los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, continúan siendo elevados. Dada la gravedad de los delitos imputados —Homicidio Agravado y Femicidio— y la naturaleza compleja de la causa, la decisión judicial reafirma la necesidad de mantener la prisión preventiva de los principales acusados en el lugar de detención actual.
Implicancias de la Resolución Judicial
El rechazo a estas solicitudes representa un revés significativo para la estrategia de las defensas, que intentaban modificar la situación carcelaria de sus defendidos mientras se espera la realización del juicio oral y público. La resolución fue notificada a las partes, incluyendo al Equipo Fiscal Especial (EFE) y a las querellas que representan a la familia de la víctima, quienes se habían opuesto firmemente a cualquier tipo de morigeración de la pena.
Esta determinación judicial subraya la firmeza de la acusación y la consideración del caso como un hecho de extrema gravedad institucional, manteniendo el estado de prisión preventiva para los imputados centrales, quienes deberán esperar en esa condición el avance de las próximas etapas del proceso.
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