El gobierno de Argentina ha presentado una apelación ante la jueza Loretta Preska en un intento por bloquear la orden que exige al Estado entregar los teléfonos celulares de exfuncionarios relacionados con la nacionalización de YPF. La medida judicial es parte del proceso de ejecución de la millonaria sentencia contra el país y busca obtener información para identificar activos argentinos en el exterior.
La postura de Argentina ante el fallo
La representación legal de Argentina ha argumentado que el pedido de la jueza es una medida intrusiva que vulnera la soberanía del Estado y el derecho a la privacidad. El recurso presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York busca revertir la decisión, señalando que la orden es excesivamente amplia y desproporcionada. El gobierno sostiene que el fallo constituye una injerencia indebida en asuntos internos.
Consecuencias del litigio y futuro del caso
El litigio por la expropiación de YPF continúa sumando capítulos en los tribunales de Estados Unidos. La apelación para evitar la entrega de los celulares es un paso clave en la estrategia legal del país, que busca limitar la capacidad de los demandantes para encontrar y embargar activos. La decisión de la Cámara de Apelaciones podría sentar un precedente importante en el complejo juicio que ha generado una gran preocupación en el ámbito político y económico nacional.
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