Este lunes se reanudará el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan en el Tribunal Federal de Río Gallegos, con el inicio de una etapa que, según la querella mayoritaria, será determinante para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales.
El proceso, que se desarrolla en Santa Cruz, entra en su segunda semana con la expectativa puesta en la declaración de testigos. La querella, integrada por familiares de 34 de los 44 tripulantes, remarcó que se trata de una instancia «clave y decisiva».
En ese marco, la abogada querellante Valeria Carreras aseguró que las expectativas son «altísimas» y marcó diferencias con la etapa inicial del juicio. «A diferencia de la primera semana, donde escuchamos el relato de los imputados que están autorizados a mentir, en esta segunda etapa no van a poder hacerlo», sostuvo.
Además, anticipó una postura firme durante las audiencias: «Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy meticuloso, hay que preguntar y repreguntar».
Carreras explicó que los testigos previstos incluyen tanto especialistas técnicos, que evaluarán las condiciones en las que se encontraba el submarino, como ex comandantes que aportarán su visión desde la experiencia.
Por otra parte, la representante legal indicó que junto a los familiares continuarán reclamando «respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval», al tiempo que recordó que todos los testigos tienen «la obligación legal de decir la verdad».
En relación a lo ocurrido durante la primera semana del juicio, también cuestionó la presencia de un integrante de la Armada en la sala. Se trata de Daniel Lorenzo, quien —según detalló— participó anteriormente como defensor de algunos imputados. «¿Entonces, quién está interesado en controlar y auditar este juicio?», planteó, y adelantó que volverá a objetar su presencia en las próximas audiencias.
El juicio busca determinar las responsabilidades en torno al hundimiento del submarino, ocurrido en 2017, y continúa generando fuerte expectativa entre los familiares de las víctimas y la opinión pública.
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