El fallo condenatorio generó su desvinculación de cargos públicos y su exclusión de funciones estatales
Tras conocerse la condena por abuso sexual, el gobierno provincial dispuso el apartamiento del ex intendente de Colonia Benítez de todos los cargos estatales que ocupaba. La decisión busca no mantener funcionarios con antecedentes judiciales graves en funciones de gobierno.
La sentencia condenatoria contra el ex intendente motivó el procedimiento administrativo de destitución, que fue adoptado por las autoridades competentes. Se le revocaron asignaciones, convenios y responsabilidades institucionales vinculadas al Estado.
Fuentes oficiales señalaron que la medida no se limita solo a su cargo anterior como intendente, sino que también implica su inhabilitación para ejercer cargos públicos en un futuro cercano, mientras la condena se mantenga firme.
El proceso de apartamiento incluyó notificaciones formales, la remoción de su acceso a bienes estatales y la suspensión de beneficios vinculados al rol público. El acto administrativo fue respaldado por asesoría legal para asegurar su validez frente a posibles recursos.
Organismos locales y colectivos de lucha contra la violencia de género celebraron la medida como un gesto de responsabilidad institucional. Consideran que este tipo de decisiones contribuyen a la integridad del sistema público y la confianza ciudadana.
La condena contra el ex intendente dejó un precedente en la provincia: una figura política con sentencia judicial queda automáticamente excluida del ejercicio público, reforzando las políticas de transparencia y ética institucional.
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