En una de sus últimas declaraciones ante la Justicia, o a través de sus representantes legales, Marcela Acuña, imputada clave en la resonante causa que conmociona a la provincia, cuestionó duramente el proceso judicial. Acuña, quien junto a su familia ha tenido una fuerte trayectoria en la política local a través de movimientos sociales, afirmó sentirse víctima de una estigmatización debido a su origen y actividad.
El Argumento de la Estigmatización
La imputada sostuvo que el juicio no se está llevando a cabo bajo condiciones de imparcialidad, sino que existe un sesgo en su contra derivado de su pertenencia y liderazgo en organizaciones sociales. La frase «Estamos estigmatizados por ser de movimientos sociales» apunta a señalar que la percepción pública y el trato judicial que ha recibido ella y su grupo están influenciados negativamente por su rol de activistas y gestores en la política territorial, más allá de los hechos que se le imputan.
Este argumento busca instalar la idea de que la magnitud del escándalo mediático y la severidad de las acusaciones tienen un componente de persecución política o social, intentando desviar el foco de la imputación penal por los graves delitos de los que se la acusa.
Impacto en el Proceso Judicial
Las palabras de Acuña se dan en un momento crucial del proceso, con las audiencias de cesura de pena ya finalizadas y la jueza a punto de dictar sentencia. Aunque este tipo de declaraciones no modifican la prueba recogida ni la culpabilidad ya determinada, sí forman parte de la estrategia defensiva que busca atenuar el impacto mediático y, en última instancia, influir en la dosificación de la pena o sentar bases para futuras apelaciones.
Las autoridades judiciales han mantenido la reserva y han reiterado que el proceso se desarrolla con estricto apego a las normas procesales y bajo la garantía del debido proceso, rechazando implícitamente cualquier acusación de parcialidad o persecución.
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