Tras la histórica aprobación por parte de los 27 Estados miembro de la Unión Europea (UE) este viernes, el acuerdo de libre comercio con el Mercosur entra en una fase decisiva. Este pacto, negociado durante más de 25 años, se encamina a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, ofreciendo un abanico de beneficios inmediatos y graduales para la economía argentina y, especialmente, para el sector agroindustrial.
Impacto en las exportaciones y eliminación de aranceles
Uno de los pilares del acuerdo es el acceso preferencial al mercado europeo. La UE otorgará beneficios arancelarios al 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Eliminación inmediata de aranceles: Se aplicará al 70% de los productos, incluyendo economías regionales clave como el maní, frutas y alimentos procesados.
- Beneficios para el complejo soja: Se fijan topes a las retenciones que comenzarán a bajar gradualmente hasta consolidarse en un 14% al décimo año.
- Cuotas arancelarias: Productos sensibles como carnes vacunas, arroz, miel y lácteos contarán con cuotas de exportación con arancel cero o muy reducido.
Previsibilidad y nuevas reglas de juego
Para las entidades rurales y exportadoras, el acuerdo actúa como un «ancla de previsibilidad». Argentina se compromete a no aplicar restricciones discrecionales (como los antiguos ROE o DJAI) y a eliminar los derechos de exportación para los envíos a la UE a partir del tercer año de vigencia, con excepciones muy acotadas.
Además, la implementación se verá agilizada por un Acuerdo Comercial Interino (ITA), que permitirá aplicar el capítulo comercial sin esperar la ratificación de cada uno de los 27 parlamentos nacionales de la UE. Otro dato estratégico: el primer país del Mercosur que ratifique el tratado podrá utilizar el 100% de las cuotas asignadas al bloque hasta que el resto de los socios lo haga, otorgando una ventaja competitiva temporal.
Desafíos y estándares europeos
A pesar de las ventajas, el acuerdo impone desafíos regulatorios. La UE ha reforzado sus exigencias en materia de pesticidas y sostenibilidad. Productos que contengan sustancias prohibidas en Europa —como ciertos fungicidas en cítricos y papas— no podrán ingresar, lo que obligará a los productores locales a una rápida adaptación tecnológica y sanitaria para aprovechar plenamente este mercado de 450 millones de consumidores.
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